Peligros por no cumplir con la legalización de libros contables

El Código Tributario de Guatemala contempla como una de las sanciones más severas el cierre temporal de empresas, negocios o establecimientos que incurran en ciertas infracciones, entre ellas la falta de autorización o habilitación de libros contables exigidos por ley.

Según el artículo 86 del Código Tributario, si una empresa no tiene autorizados o habilitados sus libros contables, puede ser sancionada con el cierre temporal de sus operaciones por un período que va de 20 a 40 días hábiles. Además, si durante ese período la empresa intenta operar, rompe sellos o evade la sanción, la multa se duplica.

Una vez detectada la infracción, la SAT levanta un acta y la presenta al Juzgado de Paz Penal correspondiente. El juez debe convocar una audiencia en un plazo de 48 horas para resolver el caso. Si se confirma la falta, se ordena el cierre temporal del negocio. En situaciones donde la empresa reincide, el cierre puede llegar a ser definitivo, lo cual implica cancelar la inscripción y patente de comercio en el Registro Mercantil.

La ley también permite evitar el cierre mediante el pago de una multa sustitutiva, equivalente al 10% de los ingresos brutos del mes anterior a la infracción, aunque esta no puede ser inferior a Q10,000. Para pequeños contribuyentes, la multa mínima es de Q5,000.

Entre los libros que deben estar autorizados o habilitados se incluyen:

• Libros contables (diario, mayor, inventarios, estados financieros), que deben estar autorizados por el Registro Mercantil.
• Libros fiscales como el de compras y ventas para quienes están inscritos en el régimen general del IVA, que deben estar habilitados ante la SAT.

En muchos casos, las empresas no tienen sus libros legalizados y usan únicamente hojas electrónicas o archivos informales. Esto constituye una deficiencia seria que puede derivar en sanciones graves.

Se recomienda a todas las empresas revisar sus libros, confirmar su autorización y habilitación, y asegurarse de cumplir con las normas vigentes para evitar consecuencias legales y operativas.