Las obligaciones de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo quedan reguladas en una sola ley. Para las personas obligadas esto implica procedimientos integrados, supervisión coordinada y un único marco general de prevención y gestión de riesgos.

Las personas obligadas deberán identificar, evaluar y administrar los riesgos asociados a sus clientes, productos, servicios, canales de distribución, ubicación geográfica y operaciones. Los controles no se aplican de forma idéntica en todos los casos: su alcance debe guardar relación con el nivel de riesgo identificado.

Se fortalecen los procedimientos de debida diligencia para conocer al cliente y determinar quién posee, controla o se beneficia finalmente de una empresa, sociedad, contrato, operación o estructura jurídica. Será necesario recopilar, verificar, conservar y actualizar esa información.

Deberán existir mecanismos para identificarlas y aplicar controles reforzados cuando la relación comercial represente un riesgo mayor. Ser una persona expuesta políticamente no implica por sí mismo actividad ilícita, pero sí exige una evaluación y supervisión más rigurosa.

Además de las entidades financieras y los sectores tradicionalmente supervisados, se incorporan actividades comerciales y servicios profesionales que podrían utilizarse para movilizar, administrar u ocultar recursos ilícitos: determinados servicios de abogados, notarios, contadores, auditores, agentes inmobiliarios y comerciantes de metales preciosos, entre otras actividades consideradas vulnerables.

• La obligación no aplica automáticamente a todo trabajo profesional: debe analizarse la actividad específica, las operaciones comprendidas en la ley y lo que establezca el reglamento.

Se contempla un tratamiento diferenciado para determinados profesionales independientes, con deberes proporcionales a la actividad realizada:

• Llevar un registro básico de sus clientes.
• Conservar la información y documentación correspondiente.
• Identificar incongruencias o actividades inusuales.
• Presentar los avisos o comunicaciones que correspondan.

Las personas obligadas sujetas al régimen general deberán nombrar un oficial de cumplimiento titular y su suplente. Coordinará la implementación del programa de prevención, verificará la aplicación de las políticas internas, promoverá la capacitación del personal y será el enlace ante la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial —IVE—. Para ello requiere independencia, autoridad, acceso a información y recursos suficientes.

El sistema interno deberá incluir, según corresponda:

• Políticas para conocer al cliente e identificar al beneficiario final.
• Evaluación y clasificación de riesgos.
• Monitoreo de operaciones y detección de operaciones inusuales.
• Reporte de operaciones sospechosas y conservación de registros.
• Capacitación del personal y revisión independiente del programa.
• Funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento.